Santidad,
En reciente visita a San Salvador con motivo del proceso electoral que se ha celebrado ene se país, hemos tenido ocasión de visitar tanto la parroquia en la que fue asesinado Monseñor Romero como la que fue su propia casita. Y hemos podido compartir sentimientos y demandas con afectados por la barbarie del pasado conflicto armado con religiosos, abogados y miembros de la sociedad civil que apoyan a quienes claman justicia frente a los asesinatos todavía pendientes de aclarar o juzgar.
Han pasado 34 años del execrable crimen de Monseñor Romero, y cuesta entender que no se haya podido hacer justicia completa incluyendo a los autores intelectuales. Lo mismo ocurre con los innumerables casos de torturas, desapariciones o asesinatos como el del Padre Ellacuría y quienes fueron asesinados junto a él.
En conversaciones con familiares de afectados por expedientes de estas causas y abogados de las familias se nos informó del cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), y con pesar le transmitimos que también fuimos receptores del malestar que todos los afectados manifiestan en lo referido al proceder del Sr. Arzobispo de San Salvador en el trato dado a los expedientes y por no haber sido consultados previamente este cierre que obstruye la información, ya que hay juicios en curso pendientes que se tramitan.
A pesar del inicio de las labores de la nueva Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, el pasado 2 de enero, se nos manifiesta que los abogados no han tenido acceso a los expedientes, sino que un grupo de seminaristas del Arzobispado ha contabilizado los expedientes. Tampoco se ha acreditado la pericia del nuevo equipo jurídico de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado ni se ha convocado a las víctimas para conocer sus casos. Los expedientes, de hecho, no les han sido devueltos.
Lo peor es que no consta a la Procuraduría de Derechos Humanos, a las víctimas de los casos y sus familiares, ni a la sociedad civil organizada, la integridad actual de los expedientes de violaciones de derechos humanos de la época del conflicto armado recopilados en la OTLA.
Todas estas dudas y obstrucciones que se pueden derivar de esta situación, unidas a la reducción de la Justicia Universal que en algún país como España se van a llevar a cabo, pueden suponer para siempre que casos que deben ser juzgados acaben en el olvido, haciéndose caso omiso de la justicia.
Por todo ello, nos dirigimos a S.S. en fechas cercanas al aniversario del asesinato de Monseñor Romero, porque consideramos que esa fecha debe servir para que su papado ayude a allanar el camino a la justicia, abriendo el archivo del Arzobispado de San Salvador, a serenar a quienes han sufrido por este asesinato, por el del Padre Ellacuría y por el de tantos ajusticiados desde la barbarie que deben ser reconocidos y tenidos en cuenta como sujetos de derechos que han sido, en tanto que seres humanos. Quizás en este sentido la presencia de S. S. en El Salvador en esas fechas pueda aportar no solo sosiego espiritual a cuantos han sufrido la barbarie directa o indirectamente, sino reconocimiento a cuentos trabajan junto a quienes claman justicia por no haberles sido todavía reconocida.
Agradecidos de antemano por su atención, aprovechamos para testimoniarle nuestra más sincera gratitud.
Atentamente,
Andrés Perelló Rodríguez
Willy Meyer
Vicente Garcés Ramón
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