sábado, 19 de abril de 2014

Carta al papa Francisco en relación al asesinato de Monseñor Romero y el padre Ellacuría


Santidad, 

En reciente visita a San Salvador con motivo del proceso electoral que se ha celebrado ene se país, hemos tenido ocasión de visitar tanto la parroquia en la que fue asesinado Monseñor Romero como la que fue su propia casita. Y hemos podido compartir sentimientos y demandas con afectados por la barbarie del pasado conflicto armado con religiosos, abogados y miembros de la sociedad civil que apoyan a quienes claman justicia frente a los asesinatos todavía pendientes de aclarar o juzgar. 

Han pasado 34 años del execrable crimen de Monseñor Romero, y cuesta entender que no se haya podido hacer justicia completa incluyendo a los autores intelectuales. Lo mismo ocurre con los innumerables casos de torturas, desapariciones o asesinatos como el del Padre Ellacuría y quienes fueron asesinados junto a él. 

En conversaciones con familiares de afectados por expedientes de estas causas y abogados de las familias se nos informó del cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), y con pesar le transmitimos que también fuimos receptores del malestar que todos los afectados manifiestan en lo referido al proceder del Sr. Arzobispo de San Salvador en el trato dado a los expedientes y por no haber sido consultados previamente este cierre que obstruye  la información, ya que hay juicios en curso pendientes que se tramitan. 

A pesar del inicio de las labores de la nueva Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, el pasado 2 de enero, se nos manifiesta que los abogados no han tenido acceso a los expedientes, sino que un grupo de seminaristas del Arzobispado ha contabilizado los expedientes. Tampoco se ha acreditado la pericia del nuevo equipo jurídico de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado ni se ha convocado a las víctimas para conocer sus casos. Los expedientes, de hecho, no les han sido devueltos. 

Lo peor es que no consta a la Procuraduría de Derechos Humanos, a las víctimas de los casos y sus familiares, ni a la sociedad civil organizada, la integridad actual de los expedientes de violaciones de derechos humanos de la época del conflicto armado recopilados en la OTLA. 

Todas estas dudas y obstrucciones que se pueden derivar de esta situación, unidas a la reducción de la Justicia Universal que en algún país como España se van a llevar a cabo, pueden suponer para siempre que casos que deben ser juzgados acaben en el olvido, haciéndose caso omiso de la justicia. 

Por todo ello, nos dirigimos a S.S. en fechas cercanas al aniversario del asesinato de Monseñor Romero, porque consideramos que esa fecha debe servir para que su papado ayude a allanar el camino a la justicia, abriendo el archivo del Arzobispado de San Salvador, a serenar a quienes han sufrido por este asesinato, por el del Padre Ellacuría y por el de tantos ajusticiados desde la barbarie que deben ser reconocidos y tenidos en cuenta como sujetos de derechos que han sido, en tanto que seres humanos. Quizás en este sentido la presencia de S. S. en El Salvador en esas fechas pueda aportar no solo sosiego espiritual a cuantos han sufrido la barbarie directa o indirectamente, sino reconocimiento a cuentos trabajan junto a quienes claman justicia por no haberles sido todavía reconocida. 

Agradecidos de antemano por su atención, aprovechamos para testimoniarle nuestra más sincera gratitud. 

Atentamente, 

Andrés Perelló Rodríguez
Willy Meyer
Vicente Garcés Ramón



miércoles, 9 de abril de 2014

Intervención Vicent Garcés en la IXX Reunión de la Comisión Parlamentaria UE-Chile


LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL

 La política fiscal en la Unión Europea (UE) se compone de dos ramas: la fiscalidad directa, que es competencia exclusiva de los Estados miembros, y la fiscalidad indirecta, que afecta a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. En materia de fiscalidad directa, los Estados miembros han tomado medidas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición. La política fiscal sirve para evitar que la competencia entre los Estados miembros resulte falseada por las disparidad de tipos y regímenes de imposición de la fiscalidad indirecta. Se han establecido asimismo medidas para evitar efectos negativos en la competencia fiscal si las empresas efectúan transferencias entre los Estados miembros de la Unión Europea.

La lucha contra el fraude y la evasión fiscal tiene por objeto, no solo el reintegro de los ingresos fiscales no percibidos sino también la recuperación de la equidad fiscal, en beneficio de los presupuestos y de los contribuyentes de la Unión Europea (UE). Esta lucha requiere la coordinación de las acciones a escala europea y mundial. 


Coste del fraude  y la evasión fiscal 

La Comisión Europea estima que entre los impuestos que no se pagan y el fraude fiscal, en la UE se deja de recaudar un billón de euros al año, o lo que es lo mismo unos dos mil euros por ciudadano. Eso se termina. En un mercado único las medidas unilaterales no funcionan, por eso ha sido esencial que la UE adopte una posición fuerte y coordinada “frente a los que evaden impuestos y a quienes se lo facilitan

 Además, el fraude y la evasión fiscal proporcionan una ventaja competitiva a quienes eluden sus obligaciones fiscales. Asimismo, erosionan la confianza de los contribuyentes, afectan al funcionamiento del mercado interior y menoscaban la confianza de los ciudadanos.

1.- FISCALIDAD DIRECTA

Se trata de suprimir obstáculos fiscales tales como las discriminaciones y las dobles imposiciones en la Unión Europea (UE). Dos de estas iniciativas se refieren a los ámbitos específicos de las imposiciones de salida y de la deducción de las pérdidas transfronterizas sufridas por las empresas y grupos empresariales.

Coordinación fiscal necesaria

 En una economía globalizada, en la que el uso de las tecnologías de la información puede dar lugar a transacciones fugaces, incluso opacas, los sistemas fiscales nacionales no pueden captar todas las transacciones transfronterizas. La ausencia de coordinación conduce a la aplicación del régimen fiscal menos ventajoso a costa de otros regímenes fiscales nacionales.

 La competencia fiscal perjudicial es un problema mundial reconocido en los foros internacionales (G8, G20 y la OCDE, en particular). Todos pretenden promover la transparencia y el intercambio de información en materia fiscal en un marco multilateral.

 Las acciones coordinadas se refieren en particular a la planificación fiscal agresiva, al mantenimiento de la base imponible, a la lucha contra el blanqueo de dinero, a los precios de transferencia, a las estructuras híbridas, a los paraísos fiscales y al secreto bancario. 

Unas disposiciones fiscales fundadas exclusiva o esencialmente en consideraciones de carácter nacional pueden dar lugar a un tratamiento fiscal incoherente al aplicarse en un contexto transfronterizo. Un contribuyente transfronterizo, sea un particular, sea una empresa, puede ser víctima de discriminación o de doble imposición, y deberá seguramente incurrir en gastos suplementarios para ajustarse a varias normativas diferentes.

La iniciativa de la Comisión pretende sobre todo reforzar la cooperación entre los Estados miembros y mejorar la coordinación de sus legislaciones respectivas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de veintiocho sistemas nacionales diferentes dentro del mercado interior.

Además se abordan otros aspectos de la imposición directa (retenciones en origen, medidas contra la evasión fiscal, derechos de sucesión, etc.) respecto a los cuales la Comisión considera necesario adoptar un enfoque coordinado.

EL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

En el contexto de la crisis económica y financiera, se cree cada vez más que el sector financiero debe realizar una contribución más equitativa, habida cuenta de la escasa tributación a la que ha estado sujeto hasta ahora dicho sector y que la mayoría de los servicios financieros están exentos de IVA. Se trata de aplicar un impuesto común a las transacciones financieras cuyos objetivos principales sean hacer participar equitativamente a las entidades financieras en los costes de la crisis y evitar la fragmentación del mercado interior de servicios financieros.

La propuesta tiene por objeto establecer un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (TTF),  y  se refiere a todas las transacciones financieras. El ITF será exigible a partir del momento en el que se produzca la transacción. Los tipos de ITF que los Estados miembros deben aplicar no podrán ser inferiores a (tipos mínimos):
- un 0,1 % para todas las transacciones financieras distintas a las relativas a los contratos de derivados; 
- un 0,01 % para todas las transacciones financieras relativas a los contratos de derivados. 

ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN (PROCEDIMIENTO ARBITRAL)

Los Estados miembros han celebrado un Convenio que introduce un procedimiento de arbitraje para evitar la doble imposición en caso de rectificación de los beneficios de empresas asociadas de diferentes Estados miembros.

Hasta la fecha, no existe obligación alguna para los Estados miembros de eliminar realmente la doble imposición (los convenios bilaterales se limitan a establecer que los Estados "procurarán" eliminarla).

Si se produce un caso de doble imposición, la empresa afectada presenta su caso a las autoridades competentes de su país; si éstas no logran dar una solución satisfactoria, procurarán eliminar la doble imposición mediante un acuerdo amistoso con las autoridades competentes del otro Estado.

Si no llegan a un acuerdo, solicitarán a una comisión consultiva que emita un dictamen sobre la forma de eliminar la doble imposición.

2.- FISCALIDAD INDIRECTA

Los impuestos indirectos sobre la concentración de capitales regulan la percepción de impuestos indirectos sobre la concentración de capitales, por parte de los Estados miembros. Prevé la prohibición general de tales impuestos, en particular del impuesto sobre las aportaciones, si bien algunos países podrán continuar percibiéndolo temporalmente.

3.- LUCHA CONTRA LA EVASION FISCAL

3.1.- ALTO AL FRAUDE Y A LA ELUSIÓN FISCAL 

Se trata de modificar la legislación europea sobre el impuesto de sociedades para impedir que algunas empresas eludan sus impuestos o directamente no los paguen. Con estas nuevas medidas los Estados miembros podrán recuperar miles de millones de euros.

 A partir de ahora las empresas no podrán aprovechar las diferencias entre los regímenes fiscales de los Estados miembros para no tributar por  las ganancias del mismo grupo empresarial.

UN MERCADO ÚNICO SIN TRAMPAS FISCALES  

El objetivo es garantizar a “las empresas honradas” un terreno de juego equitativo dentro del mercado único. Con un resultado de ingresos más justos para los presupuestos nacionales, una competencia más justa para las empresas y una fiscalidad más justa en la Unión.

La Directiva  matriz-filial se ha creado para evitar que las sociedades pertenecientes a un mismo grupo que se ubican en Estados diferentes (principalmente multinacionales y grandes compañías) tengan que pagar dos veces por los mismos ingresos. Pero los regímenes fiscales no son iguales en los diferentes Estados y entre unos y otros, se dejan unos resquicios que aprovechan algunas empresas para no tributar en ningún sitio. Por ejemplo las multinacionales tecnológicas, que tienen su sede central y pagan la mayor parte de sus impuestos en países de la Unión en los que el impuesto de sociedades es muy bajo respecto a otros Estados miembros.  

La directiva introducirá una regla común antiabuso que permitirá a los Estados miembros ignorar la ingeniería fiscal destinada a eludir los impuestos y gravar la cantidad real. Los Estados miembros deben trasladar esta Directiva a sus legislaciones antes del 31 de diciembre de 2014.

3.2.- NORMAS MÁS ESTRICTAS DE LA UE PARA EVITAR LA ELUSIÓN FISCAL DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

La Comisión Europea ha propuesto  modificar la legislación europea sobre el impuesto de sociedades para reducir drásticamente el nivel de evasión fiscal en Europa. A partir de ahora las empresas ya no podrán aprovecharse de las disparidades existentes entre los regímenes fiscales de los Estados miembros para no tener que tributar por los pagos efectuados dentro del mismo grupo empresarial. El objetivo es que la Directiva sobre matrices y filiales pueda seguir garantizando a las empresas honradas un terreno de juego equitativo dentro del mercado único, sin ofrecer posibilidades de una planificación fiscal agresiva. La propuesta forma parte de un plan de acción contra la evasión fiscal) y constituye una importante contribución a la lucha contra la elusión del impuesto de sociedades en la UE y en todo el mundo.

Se actualizan la disposición contra las prácticas abusivas de la directiva sobre matrices y filiales, es decir la salvaguarda contra las prácticas fiscales abusivas.  La propuesta obliga a los Estados miembros a adoptar una norma común contra las prácticas abusivas que les permita ignorar los montajes artificiales utilizados a efectos de elusión fiscal y garantizar que la imposición se realiza sobre la base del contenido económico real.

El 6 de diciembre de 2012 la Comisión presentó un plan de acción para una respuesta de la UE más eficaz a la evasión y la elusión fiscales. Este plan de acción establece un conjunto completo de medidas para ayudar a los Estados miembros a proteger sus bases imponibles y recuperar miles de millones de euros legítimamente debidos. La modificación de la Directiva sobre empresas matrices y filiales es una de las medidas anunciadas en el plan de acción.

3.3.- LOS PARAISOS FISCALES

Se estima que hay 5,8 billones de euros en paraísos fiscales

El intercambio automático de informaciones en materia fiscal será la futura regla internacional. 

3.4.- ESPAÑA, LA EVASIÓN FISCAL Y LOS RECORTES SOCIALES

España perdió en 2011 un total de 15.200 millones de euros de ingresos de IVA -el 21% de lo que teóricamente debería haber recaudado- debido sobre todo al fraude fiscal, pero también a quiebras de empresas, errores estadísticos o formas legales de evasión, según un estudio publicado por la Comisión Europea.  

La pérdida de ingresos de IVA en España ese año -último para el que hay datos disponibles, cuando todavía no había entrado en vigor la última subida que situó el tipo general en el 21%- equivale al 1,4% del PIB (ligeramente por debajo del 1,5% de media en la UE).

Desde el agravamiento de la crisis en 2008, el agujero en la recaudación del IVA en España asciende a 63.600 millones de euros, es decir, una media de 15.900 millones al año. En el conjunto de la UE se dejaron de ingresar en 2011 alrededor de 193.000 millones de euros de IVA, el 17% de lo que teóricamente debería haberse recaudado.

En términos absolutos, Italia (36.000 millones), Francia (32.000 millones), Alemania (26.900 millones) y Reino Unido (19.000 millones) son los países que registran un mayor déficit de recaudación, sobre todo porque son las principales economías de la UE. 

Pero si se mide por el peso en el PIB, los Estados miembros con más déficit de recaudación por IVA son Rumanía (7,9%), Grecia y Letonia (4,7%), y Lituania (4,4%). En contraste, los países que menos ingresos de IVA pierden son Suecia, Malta, Holanda, Irlanda y Eslovenia.

Según el estudio de Bruselas, las pérdidas de IVA han aumentado considerablemente desde 2008 como resultado de la crisis económica, especialmente en España, Grecia, Letonia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia. En contraste, Suecia, Polonia, Malta, Bulgaria y República Checa mejoraron su nivel de recaudación de IVA durante este periodo y redujeron su brecha.

El Ejecutivo comunitario ha pedido a los Estados miembros que refuercen las medidas para luchar contra el fraude fiscal y que simplifiquen el sistema del IVA con el fin de mejorar la recaudación. A juicio de Bruselas, con estas medidas podrían evitarse nuevas subidas de impuestos. 

Los bancos españoles tiene filiales en casi todos, por no decir todos, los paraísos fiscales importantes del mundo. Esta es otra forma de evitar la imposición de los beneficios generados por las grandes empresas o fortunas. 

Son las grandes corporaciones las que defraudan casi el 95% del total defraudado a los erarios públicos, como el caso del grupo de lujo Bvlgari, acusado de haber evadido al fisco italiano más de 3.000 millones de euros con declaraciones fraudulentas. 

La organización Tax Justice Network publicó el pasado año un estudio con las naciones que más dinero poseen en paraísos fiscales. Cuatro países latinoamericanos se encuentran en la lista de las 20 naciones que más dinero poseen en paraísos fiscales, de acuerdo con un informe revelado por la organización británica Red de Justicia Fiscal (TJN por sus siglas en inglés). 

El país que encabeza la lista confeccionada por TJN es China con US$ 1.1 millones de millones, seguido por Rusia y Corea del Sur. Brasil ocupa el cuarto puesto. Los tres bancos privados que manejan la mayoría de estos fondos off shore son UBS, Crédito Seise y Goldman Sachas.   

México es uno de los países con niveles de evasión más altos, las estimaciones a nivel general van desde 27 hasta 40 por ciento de la recaudación potencial. En Paraguay está entre el 33 y el 35%, calculando exclusivamente la afectada por el IVA. Uruguay tiene una de las más bajas tasas de evasión fiscal, alrededor del 13%, según la web Espectador.com. 

El Consejo Europeo impulsó el pasado mayo una serie de medidas contra la evasión de impuestos, las fugas de capitales, los paraísos y búnkeres fiscales y las jurisdicciones agresivas a la hora de minimizar estas cargas. Pero todo en realidad dependerá del interés de los gobiernos para aplicarlas efectivamente, y en consecuencia de la corrupción en la que estén envueltos los mismos. 


3.5.- LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL EMPRESARIAL

La Comisión quiere evitar que los acuerdos de doble imposición sean un coladero. Las tretas de las grandes empresas para no pagar impuestos están en el punto de mira. Hace tiempo que Gobiernos occidentales y organismos internacionales dan vueltas a la cabeza para encontrar soluciones contra la denominada “planificación fiscal agresiva”. 

Medidas a escala de la UE 

La lucha contra el fraude y la evasión fiscal constituye una prioridad, tal y como han recordado el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Esta lucha es competencia de los Estados miembros. No obstante, la aplicación de un marco adaptado a la globalización requiere coordinación a escala de la UE, así como la adopción de instrumentos en el seno del Consejo. 

La Comisión Europea ha presentado el pasado mes de diciembre una 
Como respuesta, en diciembre de 2012 la Comisión Europea presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un plan de acción acompañado de una recomendación sobre la planificación fiscal agresiva y una recomendación sobre la buena gobernanza fiscal en terceros países.  Es una propuesta que trata de poner trabas a aquellas multinacionales que actúan en varios países… y se las apañan para no tributar en ninguno.
El plan comprende una treintena de medidas que pueden aplicarse a corto y a medio plazo. Trata de la buena gobernanza y la transparencia en el ámbito fiscal (a escala nacional, europea e internacional), de la lucha contra las prácticas perjudiciales, de la actualización de la normativa sobre el IVA, de los medios para conseguir que el fraude no interese desde el punto de vista económico y de la coordinación de los acuerdos fiscales internacionales a escala de la UE. 

Ya se han empezado a aplicar algunas de estas medidas. Por ejemplo,  la creación, el 23 de abril de 2013, de una plataforma de buena gobernanza fiscal versa sobre propuestas o medidas cuya aprobación figura en el orden del día. El Consejo Europeo acaba de autorizar a la Comisión para negociar la modificación de los acuerdos fiscales con Suiza, Mónaco, Andorra, Liechtenstein y San Marino, así como para aprobar las conclusiones sobre el fraude y la evasión fiscal. 




domingo, 9 de marzo de 2014

Carta abierta de Eurodiputados y Eurodiputadas al Presidente del Gobierno de España, Sr. Mariano Rajoy Brey



La Unión Europea se construyó sobre un continente devastado por las guerras y los totalitarismos con un anhelo de paz y reconciliación. En España se había producido una cruel guerra civil seguida de una dictadura fascista que duró 40 años, una de cuyas secuelas fue dejar sin reparación a más de cien mil republicanos cuyos cadáveres siguen desaparecidos y sin identificar en las cunetas y cementerios de toda España. Una misión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas visitó España el pasado septiembre.

En respuesta a las conclusiones de la ONU, los eurodiputados abajo firmantes le hacemos llegar las siguientes consideraciones:

* Que existe en España una situación de flagrante desprotección de un gran número de ciudadanos. Dichos ciudadanos españoles fueron víctima de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura del General Franco en el periodo comprendido entre 1936 y 1977.

* Que teniendo en cuenta, citando información legal y de acuerdo con la instrucción penal llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional de España, el número de víctimas por desapariciones forzadas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 asciende a 114.226 personas. El número de víctimas por el secuestro sistemático de niños asciende, según el auto, a 30.960 niños, hijos de republicanos detenidos que habrían sido entregados a familias afines al régimen de Franco. Consideramos asimismo que este número puede ser mucho mayor si las investigaciones siguen sucediéndose. 

* Que consideramos esencial que el Estado Español actúe con urgencia y celeridad para hacer justicia y devolver la dignidad a las víctimas. Instamos al Gobierno de España a que legisle las medidas técnicas, económicas y judiciales para atender la demanda de particulares que solicitan la exhumación de los restos de sus familiares. Y de manera específica, debe intervenir directamente en el Valle de los Caídos, donde se encuentran depositados 12.410 restos sin identificar que fueron extraídos de diversas fosas comunes. La ausencia de identificación y la magnitud de los restos allí depositados dificulta e impide que sus familiares puedan reclamarlos. 

* Que hacemos constar y ponemos de relieve la importancia de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, llamada Ley de Memoria Histórica que es un hito fundamental para desarrollar las bases de  una política estatal que promueva la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la dictadura franquista. El Estado Español está obligado, usando todos los instrumentos legales a su disposición, a atender las justas demandas de los miles de familiares de las víctimas que buscan conocer la verdad de los hechos acaecidos. Por ello, instamos al Gobierno de España a que dote de la financiación y presupuesto suficiente las diferentes iniciativas de carácter público que faciliten el desarrollo de esta ley.

* Que el Estado está obligado a facilitar a las víctimas toda la información así como el acceso a todos los archivos y expedientes, incluidos los militares. De la misma manera, debe progresar en la elaboración de un marco legislativo adecuado para garantizar las exhumaciones de fosas comunes y rescate de los restos mortales de los ciudadanos españoles desaparecidos.


* Por último, instamos al Gobierno de España a que despliegue un abanico amplio de medidas para que la educación en los valores democráticos, el respeto por los derechos humanos y la condena del fascismo y/o cualquier otra forma de totalitarismo se extienda a toda la ciudadanía española.

martes, 4 de marzo de 2014

Delcaración de eurodiputados para demandar la creación de una Comisión de la Verdad en España



El derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación es un derecho humano de las víctimas de los crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, diseñados y realizados por los aparatos del poder organizados desde el Estado.

En España, todos estos delitos fueron cometidos por la dictadura franquista entre 1936 y 1977, una dictadura que nació de la sublevación militar apoyada por el fascismo y el nazismo europeo. Hoy en día la lista de sus atrocidades todavía sigue incompleta. Los cadáveres de al menos 150.000 personas desaparecidas durante la guerra civil y la posterior represión franquista aún esperan justicia. Existen aún más de 2.000 fosas comunes dispersas por el territorio español donde están enterradas miles de personas que fueron fusiladas. Esperan justicia los niños robados y sus familias; 30.000 niños secuestrados por la dictadura.

Siguen esperando justicia los más de dos millones de víctimas de los 40 años de dictadura: exiliadas, detenidas, torturadas y encarceladas.

Algunos exiliados españoles que huyeron de la represión franquista se encontraron con el nazismo. Llamados apátridas, -ya que el dictador Franco no los consideraba españoles-, fueron internados en campos de concentración franceses y posteriormente en campos de concentración alemanes, donde muchos fueron asesinados.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU reconoce el desamparo legal de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a cumplir su obligación de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda entre otras medidas la creación de una Comisión de la Verdad.

Por todo ello, los eurodiputados abajo firmantes condenamos los crímenes del franquismo. Estos crímenes, tras 77 años desde el golpe de estado siguen sin encontrar justicia en España, por lo que instamos al Gobierno español a la creación de una Comisión de la Verdad que haga luz sobre todos los crímenes del franquismo.



Willy Meyer (GUE/NGL)
Miguel Ángel Martínez (S&D)
Izaskun Bilbao (ALDE)
Iñaki Irazabalbeita (Verdes/ALE)
Raül Romeva (Verdes/ALE)
Vicente Garcés (S&D)



Informe sobre los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2012


El jueves 27 de febrero de 2014, en la sesión plenaria de Estrasburgo, se aprobó el Informe sobre la situación de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea en el año 2012.


martes, 28 de enero de 2014

Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica. Documento sobre el final de la guerra civil en Alicante y las actividades de la Comisión Cívica



En abril de 1931, entre la alegría popular y la esperanza de la mayoría de la población se proclamó la Segunda República Española, la primera experiencia democrática en nuestro país. Inmediatamente, el nuevo régimen abordó la solución de problemas que, en algunos casos, venían agobiando a España desde hacía siglos y que le impedían situarse a la altura de Europa. Los gobiernos del bienio reformista (1931-1933) trataron, en tan breve tiempo, de conseguir la afirmación de la supremacía del poder civil sobre el Ejército, la separación entre la Iglesia y el Estado, la reforma agraria, la incorporación de la mujer –sometida hasta ese momento a la condición de súbdita- a la ciudadanía, mediante la concesión del voto y la absoluta igualdad jurídica entre hombres y mujeres; la modernización del país a través de diversas medidas económicas, sociales y políticas; el reconocimiento de numerosos derechos individuales y colectivos; la dignificación y elevación del nivel de vida de los trabajadores y la configuración de un estado que respetase las peculiaridades de regiones y nacionalidades diversas. 

Muy importante fue el esfuerzo y la atención dedicados a la enseñanza, mediante la construcción de escuelas y la renovación del profesorado; los gobernantes republicanos estaban convencidos de que, mediante la educación, España conseguiría un mejor desarrollo económico y, sobre todo, unos ciudadanos más conscientes de sus derechos y deberes. La Constitución de 1931 plasmó así muchas de las características de un país moderno y progresista, en una situación internacional complicada por las consecuencias de la crisis económica de 1929 y del ascenso de los totalitarismos en Europa.
          

Pronto, la resistencia de una minoría a perder sus privilegios y la impaciencia de quienes venían sufriendo desde años atrás una situación injusta provocaron tensiones que siempre suelen aparecer cuando, en lugar de aplazar los problemas, se abordan con intención de solucionarlos. España inició entonces, con algunos errores y vacilaciones, un camino hacia el progreso que fue truncado en julio de 1936 por la sublevación de unos militares que habían  jurado fidelidad al gobierno legítimo de la República. Antes, esas reformas iniciadas en 1931 por republicanos y socialistas habían sido  revisadas y anuladas en gran parte por las derechas, tras su victoria electoral en 1933, pero la victoria de la izquierda, organizada en un Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, convenció a sus oponentes de que no era posible modificar el curso de los acontecimientos por medios pacíficos y optaron por la vía insurreccional.
 

En julio de 1936, el golpe de estado de los militares traidores al gobierno legítimamente elegido, a diferencia de otros anteriores, tropezó con una gran resistencia popular, lo que dio origen a una larga guerra civil, que tuvo también un componente internacional evidente. Las potencias fascistas (Alemania e Italia) desde el primer momento aportaron a los sublevados grandes cantidades de material y numerosos combatientes. A ello se unió la vergonzosa actitud de las democracias occidentales, que optaron por la No Intervención, que en primer lugar, ponía el mismo nivel a un gobierno legítimo y a unos militares sublevados contra él, y en segundo lugar, afectó sólo a quienes deseaban ayudar a la República, pues los franquistas recibieron constantemente ayuda de Portugal, Italia y Alemania. Ambas cosas  hicieron imposible, tras casi tres años de encarnizados combates, la heroica resistencia del pueblo español.
 

Tras la batalla del Ebro y el Pacto de Munich, en el que se consagraba la política inhibitoria de los países democráticos ante los avances del fascismo y del nazismo, el gobierno republicano trató de conseguir una mediación internacional que permitiese una paz honrosa. A finales de febrero de 1939, la caída de Cataluña, la dimisión de Azaña, la huida de la flota republicana desde Cartagena y la creación del Consejo Nacional de Defensa en Madrid precipitaron los acontecimientos y dejaron a la España republicana extraordinariamente dividida e inerme ante sus enemigos.
 

Lógicamente, los puertos del Mediterráneo y en especial el de Alicante se convirtieron en la última esperanza de salvación.  A lo largo del mes de marzo fueron saliendo del puerto alicantino varios barcos –el “Winipeg”, el “Marionga”, el “Ronwyn” y el “African Trader”- con centenares de pasajeros. A partir del 27 de ese mes comenzaron a afluir a Alicante miles y miles de republicanos: las calles de la ciudad estaban llenas de vehículos de todo tipo y por ella deambulaban soldados, mujeres y niños que se dirigían al puerto y que en muchos casos, se cruzaban ya con los falangistas y miembros de la quinta columna que comenzaban a ocupar los centros de poder. Se concentraron así en el puerto entre quince y veinte mil personas, de las cuales más de tres mil pudieron embarcar en la noche del 28 de marzo en el
Stanbrook, un barco que había hecho varios viajes para ayudar a la República y que fue fletado por la Federación Provincial Socialista alicantina, gracias a las gestiones de Rodolfo Llopis. “El barco iba lleno hasta el palo mayor. En todos los lugares había alguien; en las bodegas, en el puente y sobre el techo de las cocinas y las máquinas; la línea de flotación estaba sumergida”. Su capitán, Archibald Dickson, consiguió salir del puerto y nada más dejar atrás la bocana, un avión fascista arrojó dos bombas que por fortuna no hicieron blanco. 

El Stanbrook tuvo que navegar en zig-zag, por una ruta irregular, para evitar nuevos ataques. Horas después, partía el Maritime, que tenía un tonelaje superior, pero cuyo capitán  apenas admitió a treinta y dos pasajeros, mientras quedaba en el muelle una multitud desesperada que iba engrosando minuto a minuto. El Stanbrook arribó a Orán, el puerto del norte de África más cercano y la ciudad con la que Alicante tenía fuertes lazos de amistad, pues allí residían muchas familias alicantinas que habían emigrado en busca de una mejor situación económica, y permaneció aislado, en cuarentena, separado de tierra firme por alambradas y tropas coloniales. Las mujeres, los niños –más de cien menores de diez años iban en el barco-, los enfermos y ancianos fueron desembarcados en los primeros días, pero la mayoría de los refugiados tuvieron que esperar casi un mes para poder bajar a tierra, siendo instalados en varios campos de concentración, y no sin que antes se abonasen los gastos de alimentación y estancia en el puerto.

Pese a la solidaridad de la colonia española y de muchos compañeros franceses de izquierdas, las condiciones higiénicas eran terribles y al final se declaró una epidemia de tifus que obligó a las autoridades francesas a desalojar el barco. Meses después, en noviembre, el Stanbrook fue torpedeado por un submarino alemán en la segunda guerra mundial, que de hecho continuaba la guerra iniciada en España contra el nazismo y el fascismo. Cuando llegó la noticia a los campos de concentración norteafricanos los republicanos españoles guardaron un minuto de silencio en su recuerdo.


En el puerto de Alicante todavía quedaba una multitud de republicanos en espera de la llegada de los prometidos barcos. Se intentó, por mediación de los cónsules de Argentina y Cuba y los miembros de una Delegación Internacional, establecer una zona neutra, hasta tanto se negociaba la salida de los refugiados. Todo fue inútil. La entrada en la ciudad de las tropas mercenarias italianas del General Gambara que constituían la División Littorio, en la tarde del día 30 de marzo, hizo imposible cualquier tipo de resistencia y en el mar no aparecieron los esperados barcos sino que fue, de repente, una muralla infranqueable. Cundió la desesperación entre los atrapados en el puerto y se produjeron algunos suicidios. Poco a poco, y hasta la mañana del día primero de abril de 1939, se fue desalojando el último territorio leal a la República, y los últimos hombres y mujeres que resistieron la sublevación fascista, ya cautivos, fueron llevados a un campo de  Almendros, situado entre la Goteta y Vistahermosa, siendo –según varios testimonios- ayudados por la población civil en esta triste marcha. Otros fueron encerrados en los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, en la Plaza de Toros, en algunos cines, en la Escuela de Ciegos y en el propio Reformatorio de Adultos.

En el campo de los Almendros, los prisioneros republicanos estuvieron en unas  condiciones penosísimas, sin comida y casi sin agua, durante cinco o seis días hasta que fueron trasladados a diversas cárceles y, en especial, hacinados en vagones de trenes de mercancías, al campo de  concentración de Albatera. Algunos consiguieron escapar del campo de los Almendros, pero toda España era ya una inmensa cárcel. Se iniciaba así un largo camino de sufrimientos y cautividad en el que miles y miles de personas fueron calumniadas, vejadas, encarceladas y ejecutadas tras unos juicios sumarísimos que hoy no se quieren revisar. Y hubieron de sobrevivir en condiciones penosísimas, tanto en el exilio, como en los campos de concentración, en las cárceles superpobladas o realizando trabajos forzados para la construcción de monumentos, pantanos, carreteras, y como todos los vencidos, tuvieron que seguir ocultando durante muchísimos años sus ideas.

Porque el final de la guerra no supuso la paz, sino la Victoria y así se hacía constar en los documentos oficiales. No hubo, como pedía el presidente Manuel Azaña en su discurso de julio de 1938 en Barcelona, ni paz, ni piedad ni perdón para los vencidos, que fueron perseguidos sin descanso y a los que incluso se quiso eliminar de la propia historia española, calificándolos como la anti-España. A personas como Antonio Machado, Rafael Altamira, Pau Casals, Pablo Picasso, Max Aub, León Felipe, Miguel Hernández, Eliseo Gómez Serrano, Manuel Azaña y a miles y miles de “trabajadores de todas clases”, como decía en su artículo primero la Constitución republicana de 1931; a aquellos que precisamente habían intentado, cada uno desde su responsabilidad, llevar a la práctica valores tan importantes como la libertad y la democracia, la igualdad entre hombres y mujeres, la laicidad, la extensión universal de la enseñanza entendida como servicio público, la paz y el respeto a los
Derechos Humanos, los derechos sociales, la supremacía del poder civil y el impulso a las virtudes cívicas.

Cuando se van a cumplir setenta y cinco años de estos trágicos sucesos, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica tiene entre sus objetivos  dar a conocer estos “lugares de la memoria” de los últimos momentos de la Segunda República. Para ello, ha propuesto la instalación de un monumento en el puerto y de un memorial en este “Campo de los almendros” que recuerden tanto a quienes tuvieron que abandonar su patria y murieron en el exilio, como a aquellos que fueron después encarcelados, juzgados, condenados y ejecutados sin las mínimas garantías jurídicas. Se intenta de este modo reparar una antigua injusticia, compensar una historia manipulada, combatir el olvido, saldar en definitiva una deuda moral que la democracia española salida de la transición sigue teniendo con quienes, en tiempos difíciles, defendieron una España tolerante, pacífica, culta y solidaria.

En las actividades que, sin duda, conmemorarán el final de la guerra civil, Alicante debe ocupar un lugar central, pues aquí se desarrollaron las últimas escenas de la tragedia y su puerto fue el escenario de los últimos momentos de la legalidad republicana, violada y transgredida por quienes, desde dentro y desde fuera de nuestro país, no podían admitir un resultado electoral que fuese en contra de sus intereses. Además, la guerra civil fue el prologo de la lucha contra el fascismo y el preludio, en definitiva, de la segunda guerra mundial. Debe ser ésta una ocasión para, de una vez por todas, recordar a quienes mantuvieron con enorme dignidad esa idea de España que trató de llevar a la práctica la II República,  tanto lejos de su tierra, comiendo el triste pan del exilio, como sufriendo toda clase de penalidades en el exilio interior, en su propia patria. En definitiva, nuestra democracia enlazará así, mediante esta recuperación de la Memoria Histórica, con su antecedente más evidente, la II República española.

Durante la guerra civil, la actitud indigna de los países democráticos se plasmó en la doctrina de la No Intervención que, de derecho trataba igual a un gobierno legítimo y a quienes se había sublevado contra él, y de hecho no impidió la ayuda decisiva prestada por los regímenes fascistas de Italia y Alemania a los sublevados. Esa actitud, que tanto defraudó a los demócratas españoles, se repetiría cuando, al término de la guerra mundial, se vieron defraudadas, por un nuevo acuerdo de los países democráticos que no abordaron la supresión del régimen franquista que había llegado al poder mediante el apoyo de Alemania e Italia, derrotados en esa guerra europea. Es más, pronto fue reconocida y  admitida la dictadura franquista en numerosos foros internacionales, pese a su negación de las libertades y de la democracia.

Tras la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, España inició un proceso de transición que desembocó en la institucionalización de un régimen democrático, sancionado por la Constitución de 1978, no sin antes aprobar un año antes una ley de amnistía que pretendía ser una ley de punto final, mientras las víctimas del régimen franquista quedaban olvidadas y sin reparación.
         

El año 1995 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobaba el informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, redactado por Louis Joinet, de conformidad con la resolución 1995/35. En dicho informe, se planteaba la necesidad de:
         
“adoptar a tal fin medidas nacionales e internacionales,  para  que,  en  interés  de  las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad” (...)
          Toda sociedad tiene el derecho inalienable a conocer  la verdad acerca de los acontecimientos  sucedidos y  las circunstancias y  los motivos  que  llevaron, mediante la violación  masiva y  sistemática de los  derechos humanos, a la  perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan tales actos (...).
         El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas  adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas  medidas tienen por objeto  preservar del olvido  la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.

Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer  la suerte que corrieron sus parientes, un derecho imprescriptible en caso de desaparición forzosa o de secuestro de menores. Para hacer efectivo ese derecho, los Estados crearán comisiones extrajudiciales de investigación y para asegurar la conservación de los archivos del período de referencia y su consulta.

Igualmente se fijan los principios generales del derecho de las victimas a obtener reparación mediante medidas de carácter simbólico, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas, actos conmemorativos y narración fiel , en los manuales de historia, de lo realmente ocurrido.  

La incorporación de España al proyecto de Unión Europea en 1986 no supuso ningún avance en la investigación de los crímenes del franquismo y en la reparación de las víctimas. La Ley de Memoria Histórica de 2007, si bien representó un paso adelante,  no ha supuesto, en opinión de Amnistía Internacional, un avance hacia el esclarecimiento de la verdad histórica del franquismo. Amnistía Internacional cree que la verdad es parte fundamental de la justicia y que este país necesita conocerlo todo y repararlo todo.

A finales de septiembre del presente año 2013 una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha estado en España, como país firmante de la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas,  con el objetivo de esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas. En dicho Informe, la Comisión de la ONU "muestra su preocupación porque el marco normativo en vigor en España  para “prevenir y sancionar las desapariciones forzosas así como algunas decisiones adoptadas en la materia no estarían en plena conformidad con las obligaciones  que la Convención impone a los Estados que la han ratificado”.

La Comisión exige a España que deje de utilizar la Ley de Amnistía de 1977 como excusa para no investigar las desapariciones forzadas del franquismo y reclama una investigación de oficio “exhaustiva e imparcial” que permita la condena de los culpables de desapariciones forzadas, así como la reparación y rehabilitación adecuadas de las víctimas. Así pues, el año de 2014, cuando se cumplen setenta y cinco años del final de la guerra civil,  puede ser, pues, una buena oportunidad para que el Parlamento Europeo se implique en el reconocimiento de la verdad histórica y denuncie el hecho de que en España, pese al tiempo transcurrido, siguen intactos numerosos vestigios de la dictadura franquista y siguen sin ser reparadas sus víctimas, muchas de las cuales yacen enterradas en fosas aún no descubiertas. Una democracia sólida no puede construirse sobre el olvido, máxime cuando todavía, tantos años después, no se ha podido –por las dificultades para acceder a las fuentes- establecer en todas sus dimensiones la represión franquista ni se ha reparado la memoria de sus víctimas.

La  Comisión  Cívica de Alicante  para la  Recuperación de la Memoria  Histórica
es la continuadora de una serie de actividades llevadas a cabo en Alicante para la recuperación de la Memoria Histórica, desde el Homenaje a los Pueblos de España a Miguel Hernández, celebrado en plena transición a la democracia, en 1976, hasta el que se rindió a las Brigadas Internacionales en 1996, pasando por el Homenaje Internacional a los Tres Poetas del Sacrificio –Miguel Hernández, García Lorca y Antonio Machado- que se llevó a efecto en 1985; la anual reunión, a finales de marzo, ante la tumba de Miguel Hernández en el cementerio alicantino, en la que se depositaban flores y se recitaban poemas; la inauguración de un monumento al poeta, obra de Agar Blasco, en el lugar donde estuvo la enfermería de la cárcel, hoy Juzgados, de Alicante, donde murió; o las actividades celebradas en 2001, cuando se cumplieron setenta años de la proclamación de la República.

    Aunque la Comisión ha llevado a cabo numerosas actividades desde 2004, los ejes de su actividad han sido seis:

    1. La eliminación de  la ciudad de cualquier rastro de quienes protagonizaron la dictadura franquista, evitando la permanencia en ellas de los nombres de personas que se distinguieron por su apoyo a ideas totalitarias y su odio a la democracia.
    2. La erección de un monumento en  el puerto de Alicante, consistente en una escultura de Eusebio Sempere, en homenaje a los miles de republicanos, que a finales de marzo de 1939, tuvieron que marchar al exilio, del que muchos no regresaron.
    3. La instalación de un “Memorial del Campo de los Almendros”, en recuerdo y homenaje de los miles de republicanos que no pudieron salir de Alicante y que fueron recluidos, en su mayoría, en este lugar, aunque otros lo fueron en otras dependencias de la ciudad, y que después sufrirían la dura represión franquista.
    4. La colocación en el Mercado de Abastos de un monumento en recuerdo de las víctimas del bombardeo de la aviación italiana fascista a las órdenes de Franco, el 25 de mayo de 1938. Este objetivo se alcanzó, por fin, en mayo de 2013.
    5. La señalización de las fosas comunes del cementerio de Alicante en las que descansan los restos de la mayoría de los republicanos fusilados por la dictadura franquista.   
    5. La anulación de la sentencia que condenaba a muerte a Miguel Hernández, que simboliza la de tantos republicanos condenados en juicios que no tenían las más mínimas garantías jurídicas.

    Por todo ello, la Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica, en la conmemoración del 75 aniversario del final de la Guerra Civil española en el que la ciudad de Alicante y su puerto tuvieron un papel fundamental, intenta llevar a cabo dos actividades prioritarias:

•    La instalación de un monumento en  el puerto de Alicante, consistente en una escultura de Eusebio Sempere, en homenaje a los miles de republicanos, que a finales de marzo de 1939, tuvieron que marchar al exilio, del que muchos no regresaron.
•    La instalación de un “Memorial del Campo de los Almendros”, en recuerdo y homenaje de los miles de republicanos que no pudieron salir de Alicante,  que fueron recluidos, en su mayoría, en este lugar.



La Comisión Cívica de Alicante por la Recuperación de la Memoria Histórica,
Está compuesta por. Personas independientes  y los representantes de partidos, sindicatos y asociaciones:
PSOE, EUPV, PCPV, ERPV. CC.OO, UGT, CGT, STEPV, Logia Constante Alona, AACMH, AERP;
AGE,  AEMHA.Y  más de cien artistas plásticos de toda España.


miércoles, 15 de enero de 2014

Programa de la Mesa Redonda: El final de la guerra civil española: 75 años después


22 Enero 2014 / 17:30 - 18:30 / Parlamento Europeo (Sala ASP 3H1)
 

Presentación y moderación: Vicent Garcés, Eurodiputado
 

Ponencias (10' cada una)
 

Francisco Moreno Sáez
Profesor e historiador, ha escrito varios libros de la provincia de Alicante sobre:
Movimiento Obrero, Republica, Represión, Transición y un largo etc.
 

Manuel Parra Pozuelo
Profesor, escritor, poeta especializado en la vida y obra de Miguel Hernández.
 

Miguel Mauri Guijarro
Sindicalista en Sanidad y un activo miembro de la Comisión, conocedor de su historia
y actividades.
 


Debate con el público (20')