A la atención de,
Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores,
Catherine Ashton,
Comisario Europeo del Desarrollo, Andris Piebalgs,
Comisaria Europea de la Cooperación Internacional
Georgieva Kristalina
Comisario Europeo del Comercio, Karel De Gucht
Nosotras y nosotros, diputadas
y diputados europeos, manifestamos nuestra preocupación por el proceso de
acaparamiento de tierras que se está presentando en Colombia. Grandes
compañías, incluyendo varias transnacionales, han estado comprando tierras en
una zona al Oriente del país, conocida como la Altillanura, con el objetivo de
desarrollar proyectos agroindustriales.
Este proceso se ha adelantado violando la
legislación colombiana, que establece que las tierras públicas deben ser
adjudicadas a trabajadores pobres del campo y no pueden ser acumuladas
posteriormente en extensiones superiores a las entregadas a campesinos.
Preocupa la afectación al tejido social de la zona, puesto que la compra de
tierras por parte de grandes corporaciones saca a las comunidades de sus
territorios tradicionales, teniendo en cuenta que en la zona también habitan
diferentes grupos indígenas. Igualmente, los proyectos desarrollados en estas
zonas también pueden traer graves consecuencias ambientales, que afecten un
ecosistema frágil y caracterizado por su alta biodiversidad y abundantes
recursos hídricos.
En este proceso de acaparamiento se han visto
involucradas compañías europeas como Poligrow, la cual compró 5.577 hectáreas,
triplicando los límites legales. Sus tierras se ubican Mapiripán, un municipio
conocido por graves hechos de violencia, como la masacre perpetuada por grupos
paramilitares en 1997.
También se destaca el hecho de que otras naciones
europeas hayan sido utilizadas por estos acaparadores de tierras para esquivar
el control a sus inversiones. Tal es el caso de Riopaila Castilla, un ingenio
colombiano productor de azúcar, que constituyó un fondo de inversiones en
Luxemburgo para garantizar la propiedad sobre diferentes predios, que una serie
de empresas ficticias habían comprado, con el objetivo de violar las
limitaciones legales de concentración de la tierra.
El gobierno colombiano ha promovido estos grandes
proyectos y se ha mostrado permisivo con las violaciones a la ley que se han
cometido. Inclusive, altos funcionarios como el embajador colombiano en Estados
Unidos, Carlos Urrutia, fue director y accionista del bufete de abogados que
diseñó la estrategia jurídica que utilizó Riopaila Castilla y Cargill para
burlar los límites legales al acaparamiento. La entidad encargada de adelantar
las demandas para anular las compras de tierras contrarias a la ley no ha
puesto la atención suficiente y los procesos judiciales no han producido
resultados concretos, a pesar de todas las evidencias. Al contrario, el
gobierno ha intentado modificar la legislación, adecuándola a los intereses de
los grandes empresarios.
Adicionalmente, se ha denunciado que la Ley de
víctimas y restitución de tierras pareciera ser un intento por dinamizar el mercado
de tierras, pues garantiza más la seguridad jurídica a los inversores, que la
seguridad física a los propios reclamantes de tierras. El objetivo de la ley de
resarcir los daños causados a las víctimas del conflicto colombiano no está
avanzando como previsto, apenas llevan 200 sentencias en casi tres años de
vigencia.
Condenamos el hecho que líderes políticos y de
restitución de tierras que han adelantado estas denuncias, hayan recibido
amenazas contra su vida. Ejemplo de ello es el Congresista del Partido de la
oposición Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, al igual que otros
parlamentarios de la oposición, defensores y líderes comunales, indígenas, de
víctimas, y de restitución de tierras quienes fueron el blanco común de las
agresiones en el primer semestre de 2013. Les manifestamos a ellas y a ellos
nuestra solidaridad y esperamos que las autoridades colombianas dispongan de la
protección necesaria para salvaguardar sus vidas y encontrar a los responsables
de estas agresiones e intimidaciones.
Llamamos la atención de la comunidad europea sobre
este fenómeno, que agrava la concentración de las tierras en Colombia, un
asunto determinante para el prolongado conflicto armado de ese país. También
para que esté atenta a actuaciones ilegales y violaciones a los Derechos
Humanos que involucren a compañías europeas. Y del mismo modo, para que se den
garantías plenas a la oposición política en Colombia y se respeten los derechos
de los líderes que están en peligro.
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