lunes, 28 de abril de 2008

Piden europeos y latinoamericanos moratoria a uso de biocombustibles


Bruselas, 22 Nov 2007 (Notimex).-



Eurodiputados y representantes de América Latina pidieron hoy en el Parlamento Europeo (PE) una moratoria sobre el desarrollo de biocombustibles por sus efectos en el medio ambiente y en los campesinos latinoamericanos.

La solicitud se efectuó en la conferencia "Los biocombustibles (o agrocombustibles) en Latinoamérica", organizada por la Eurocámara, en la que participó el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del PE, el alemán Helmuth Markov. "Si continuamos por esta vía, no vamos a desarrollar a estos países (latinoamericanos), vamos a perjudicarlos. Es necesaria una
moratoria para tener un nuevo enfoque y conseguir energía a partir de otras fuentes", aseguró Markov.


El eurodiputado español, Vicente Garcés, recordó por su parte que "la Unión Europea (UE) se propone alcanzar el 10 por ciento de uso de agrocombustibles en el sector del transporte para 2020". "Sin embargo, hay grandes dudas sobre la capacidad de reducir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y se teme que la carrera de la producción acelere el cambio climático y fomente muchos otros problemas sociales y medioambientales", agregó. Garcés recordó que a pesar de que "aquí estamos viendo lo que ocurre en Paraguay y Colombia", también se ven muy afectados Brasil y Argentina, países con una fuerte producción de etanol.


A la cita también asistieron representantes de América Latina, como Alberto Alderete, del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario de Paraguay, quien advirtió que "los efectos
ecológicos y sobre el cambio climático no han sido debidamente
estudiados". "Creemos que el plan de sustitución de energía fósil por agrocombustibles es un grave error y puede tener consecuencias muy negativas para las poblaciones campesinas y el medio ambiente", dijo. "Estos monocultivos, como ocurre con el de la soja, están provocando éxodo rural ya que amenazan las fuentes de alimentación de la población campesina y su acceso a la tierra", agregó Alderete.


El representante colombiano de Amigos de la Tierra, Diego Cardona, pidió a su vez una "revisión del consumo de energía", criticó el derroche y uso ilimitado en algunas sociedades y llamó a un mayor desarrollo de otras fuentes energéticas como la eólica o la solar.

Eurodiputados y ONGs latinoamericanas piden moratoria para biocombustibles


BRUSELAS, 22 Nov 2007 (AFP) -



Eurodiputados y asociaciones indígenas y agrarias latinoamericanas exigieron el jueves en Bruselas una moratoria para el desarrollo de los biocombustibles, denunciando las consecuencias negativas de la expansión de los cultivos destinados a ese fin.


"Creemos que el plan de sustitución de energía fósil por agrocombustibles es un grave error y puede tener consecuencias muy negativas para las poblaciones campesinas y el medio ambiente", resumió Alberto Alderete, del Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario (SEIJA) de Paraguay, en el debate sobre "Los biocarburantes en América Latina" organizado en la Eurocámarara.


"Estos monocultivos, como ocurre con el de la soja, están provocando exodo rural ya que amenazan las fuentes de alimentación de la población campesina y su acceso a la tierra. Además, sus efectos ecológicos y sobre el cambio climático no han sido debidamente estudiados", agregó Alderete.


En el encuentro participaron, entre otros, el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el alemán Helmuth Markov (izquierda verde); el eurodiputado español Vicente Garcés Ramón (socialista); y un representante colombiano de "Amigos de la Tierra", Diego Cardona.


El debate abarcó el "incremento descontrolado" de las cosechas de monocultivos para agrocombustibles y se centró en los casos de Paraguay (soja) y Colombia (palma aceitera), sin olvidar la caña de azúcar y el maíz.


"La Unión Europea propone alcanzar el 10% de uso de agrocombustibles en el sector del transporte para 2020. Sin embargo, hay grandes dudas sobre la capacidad de reducir las emisiones de CO2 y, además, se teme que la carrera de la producción acelere el cambio climático y exacerbe muchos otros problemas sociales y medioambientales", advirtió en ese marco Garcés Ramón.


El eurodiputado español recordó que para llegar a su objetivo, adoptado en el marco de la lucha contra el recalentamiento planetario, la UE necesita aumentar su producción interna, pero también requiere de importaciones, mayoritariamente de países en vías de desarrollo.


"Aquí vemos lo que ocurre en Paraguay y Colombia, pero también están Brasil y Argentina", continuó, en referencia al liderazgo mundial de los brasileños en la producción de etanol y el lugar destacado que quieren ocupar los argentinos en el desarrollo de esta nueva tecnología.


Si los participantes del debate no rechazaron la utilización de los biocombustibles, pidieron en cambio una "moratoria inmediata" para los incentivos y las importaciones de esos productos, hasta que se cuenten con estudios más pormenorizados sobre sus efectos.


"Si continuamos por esta vía, no vamos a desarrollar a estos países, vamos a afectarlos. Es necesaria una moratoria para tener un nuevo enfoque y conseguir energía a partir de otras fuentes", señaló Markov.


En ese sentido, Markov afirmó que la UE no debe centrarse únicamente en los biocarburantes y citó un estudio según el cual el tráfico europeo podría reducirse en un 10%, lo que significaría un recorte equivalente en el consumo de carburantes.


En la misma sintonía, Diego Cardona pidió una "revisión del consumo de energía", denunciando el "derroche" y "uso ilimitado" en algunas sociedades, y se pronunció a favor de un modelo sustentable que preste un desarrollo mayor a otras fuentes, como la eólica o la solar.

miércoles, 9 de abril de 2008

La Eurocámara estudia elaborar un nuevo informe sobre abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana





Un parlamentario austriaco pide que se congelen los fondos europeos a Valencia hasta que se resuelvan los problemas
espacio






La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudia elaborar un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. De confirmarse esta iniciativa, será la quinta vez que la Eurocámara se pronuncie sobre el urbanismo valenciano. En su última resolución, aprobada en junio de 2007, el Parlamento ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".

La propuesta de elaborar un nuevo informe partió del vicepresidente de la comisión de Peticiones, el laborista británico Michael Cashman, después de un debate de dos horas sobre alrededor 40 quejas contra el urbanismo valenciano en el que participaron muchos denunciantes. Entre los planes urbanísticos que se debatieron se encuentran los de Catral, Parcent, Rojales, o Monòver en Alicante, el de Porxinos en Riba-roja donde se situará la nueva ciudad deportiva del Valencia, o los que afectan a Alzira y al parque natural de la Albufera.

Cashman propuso que en este nuevo informe del Parlamento se recojan las conclusiones del debate y una resolución sobre el urbanismo valenciano. La eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines replicó que sólo aceptaría que se elabore el informe si se deja claro a los afectados por el urbanismo valenciano que "no les podemos resolver el problema" porque "de lo contrario estamos haciendo demagogia y utilizando la resolución para sacarnos la foto".

Al no haber acuerdo este miércoles, la decisión final sobre la elaboración del nuevo informe se tomará en la próxima reunión de los coordinadores de los grupos políticos de la Comisión de Peticiones, prevista para los días 26 y 27 de mayo. Fuentes parlamentarias señalaron que "no hay duda" de que se hará esta resolución porque cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el PP español. Incluso los conservadores británicos lo apoyan. De lo que se trata ahora es de decidir cuál será su alcance.

Durante el debate en la comisión de Peticiones, la representante del departamento de Mercado Interior de la Comisión, Flor Castilla, recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha presentado una denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por considerar que incumple la legislación europea en materia de contratación pública. El caso está pendiente de sentencia. No obstante, Castilla dijo que el fallo "no resolverá la situación individual" de los denunciantes de abusos urbanísticos, y les recomendó que acudan a los tribunales nacionales si consideren que se están vulnerando sus derechos.

La Comisión recordó que las cuestiones relacionadas con el derecho de la propiedad o la urbanización excesiva no son competencia de la UE. Asimismo, garantizó que actuará si detecta infracciones a la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, aunque no dio ningún detalle.

En representación del Gobierno valenciano intervino la secretaria autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, que aseguró que la Ley Urbanística Valenciana cumple las demandas realizadas por la Eurocámara en anteriores informes por lo que se refiere a "una mejor garantía de los derechos de los particulares, una mejor transparencia en el proceso de selección del urbanizador y una mayor publicidad".

SIN FONDOS PARA VALENCIA

En el debate posterior, la intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos. "En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en el año presupuestario 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria", pidió. Acusó a la representante del Gobierno valenciano de "tomar el pelo" a los eurodiputados y desaconsejó cualquier inversión en la Comunidad Valenciana.

También se mostraron muy preocupados por la situación en Valencia los eurodiputados británicos, tanto los laboristas, como el propio Cashman, como los conservadores, como Neil Parish o Robert Atkins, que forman parte del grupo popular europeo junto con los parlamentarios del PP. "Esta situación no puede continuar. Es inaceptable que la gente pierda su propiedad, pierda su dinero y sus ahorro", dijo Atkins. El también británico Roger Helmer, del grupo de No Inscritos, dijo que en la Comunidad se practica el "robo institucionalizado".

Los eurodiputados del PP español fueron los únicos que defendieron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido, José Manuel García Margallo dijo que los denunciantes tenían su simpatía pero recalcó que la UE no tiene competencias en materia de urbanismo y que estas cuestiones deben resolverse en España. "No estoy dispuesto a oír en esta comisión que se diga que España es una república bananera en la que las leyes no puedan recurrirse ante un Tribunal Constitucional o donde cualquier ciudadano que ve lesionados sus intereses no tiene recursos suficientes. Los tiene. España es un Estado garantista", destacó.

El popular Carlos Iturgaiz aseguró que el Consell ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la ley urbanista valenciana y proteger mejor los derechos de los propietarios. Finalmente, Gutiérrez Cortines aseguró que está en contra de la figura del urbanizador y se mostró partidaria de pactar con el PSOE la financiación de los ayuntamientos para evitar este tipo de problemas. No obstante, señaló que "se está engañando a las víctimas" al hacerles creer que la UE puede hacer algo en este caso.

El resto de eurodiputados españoles expresaron su apoyo a los denunciantes y criticaron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido intervinieron los socialistas Maruja Sornosa, Vicent Garcés e Inés Ayala; el parlamentario verde David Hammerstein; el representante de Izquierda Unida, Willy Meyer; y el de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva.

Sornosa pidió a la Comisión que, además de las cuestiones de contratación pública, investigue todas las quejas que tienen que ver con que no se respeta suficientemente la directiva de evaluación de impacto ambiental, las relacionadas con desarrollos urbanísticos en zonas protegidas y las que denuncian que no habrá recursos hídricos suficientes para atender a las nuevas viviendas.

Parlamentarios europeos reclaman un parón urbanístico en plena crisis inmobiliaria




La Eurocámara pospone la decisión de elaborar un nuevo informe sobre posibles abusos en la Comunitat


Los eurodiputados británicos Michael Cashman (laborista) y Neil Parish (conservador), junto al español David Hammerstein (Los Verdes), reclamaron ayer al Gobierno español que imponga una moratoria urbanística en la Comunitat que afecte tanto a la construcción como a las demoliciones de viviendas.

La propuesta, formulada en plena crisis inmobiliaria y con una fuerte ralentización de la construcción que está dañando la economía de la Comunitat, fue reiterada por Michael Cashman durante su intervención en la reunión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara que se celebró ayer por la tarde.

Para Cashman, vicepresidente de la comisión, el Ejecutivo central debe actuar ante lo que consideró inacción de los gobiernos locales y regionales, ya que es “el Reino de España el que ha firmado los tratados de la UE”.

David Hammerstein acusó a la Generalitat Valenciana de incurrir en una “colosal falta de lealtad hacia la Unión” al seguir aplicando la legislación pese a la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) presentada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Hammerstein denunció que además se están incumpliendo normas medioambientales o sobre espacios protegidos.

La comisión del Parlamento Europeo escuchó ayer unas 40 quejas sobre posibles abusos urbanísticos. Cerca de una veintena de afectados, entre ellos vecinos de Parcent, Catral o Castellón, se desplazaron hasta Bruselas para hacer patente su descontento durante una intervención de dos minutos. Entre los planes urbanísticos que se abordaron se encontraban los de Parcent, Monóvar, Porchinos en Riba-roja o Catarroja.
El representante de la asociación de Abusos Urbanísticos No, Enric Climent, apoyó la moratoria y pidió a la Generalitat que aproveche el parón para abrir un debate con participación ciudadana que reforme la legislación.

Tras un debate de más de dos horas, la comisión se cerró sin acuerdo. La decisión de elaborar o no un nuevo informe sobre el urbanismo en la Comunitat se pospuso hasta el próximo 26 de mayo. En esa fecha habrá una reunión con los coordinadores de la comisión de Peticiones. Si finalmente aprueban en ella el estudio, sus resultados se trasladarán al pleno de la Eurocámara.
Fuentes parlamentarias indicaron que la comisión decidirá sin duda realizar el nuevo informe, aunque el eurodiputado del PP Carlos Iturgaitz señaló a LAS PROVINCIAS que no se había aprobado nada.

En el caso de que se decida la redacción de un nuevo informe, será el quinto contra el urbanismo de la Comunitat. El europarlamentario del PP Carlos Iturgaitz mostró ayer a LAS PROVINCIAS su desconcierto por la situación vivida ayer en la comisión de Peticiones, “donde algunos peticionarios se limitaron a insultar a España y a la Comunitat”. Iturgaitz intervino durante la sesión que si alguien tenía pruebas sobre la comisión de posibles delitos que las presentara o en caso contrario que se callara.

La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, reiteró que la LUV cumple las demandas realizadas por la Unión Europea y reiteró el interés de la Generalitat por cumplir la legislación europea. Ureña recordó que en el nuevo cuerpo legal se ha procurado mejorar los derechos de los particulares, aumentando la transparencia para elegir al agente urbanizador así como dar una mayor publicidad a todo el proceso.

La intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunitat hasta que se resuelvan los posibles abusos urbanísticos. “En tanto no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunitat en 2009 se coloquen en reserva presupuestaria”, indicó. Además, acusó a la representante de la Generalitat de “tomar el pelo” a los eurodiputados y desaconsejó cualquier inversión en territorio valenciano.

Los eurodiputados británicos Neil Parish y Robert Atkins aseguraron que la situación no puede continuar. “Es inaceptable que la gente pierda su propiedad y el dinero de sus ahorros”, explicó Atkins. El parlamentario inglés no adscrito Roger Helmer dijo que en la Comunitat se practica “el robo institucionalizado”.

El eurodiputado popular José Manuel García Margallo indicó que no estaba dispuesto a escuchar que España “es una república bananera cuando las leyes se pueden recurrir”.

Los socialistas valencianos Maruja Sornosa y Vicent Garcés criticaron la actuación de la Generalitat y apoyaron a los denunciantes. Sornosa, en concreto, pidió que se investiguen todas las quejas.

La Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo al considerar que la LUV incumple las la legislación europea en materia de contratación pública. La Comisión Europea mantiene así su oposición a la nueva legislación urbanística valenciana.

La denuncia nada tiene que ver con las denuncias sobre posibles abusos urbanísticos. Se basa en que la Comisión del Mercado Interior considera que los contratos para urbanizar un terreno tienen un carácter público por lo que si superan los 5,6 millones de euros tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por el contrario, desde la Generalitat consideran que son contratos privados y no deben cumplir este requisito.

El Comité de Peticiones baraja la redacción de otro informe crítico


Los peticionarios cifraron en unos 120.000 el número de posibles perjudicados

Tras la sesión de debates y ante la falta de acuerdo, el presidente del Comité de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, propuso que la comisión de coordinadores estudiara en su próxima reunión del día 26 de mayo la propuesta de Cashman de presentar en el pleno otro informe más sobre las denuncias urbanísticas en España. De confirmarse su elaboración, éste sería el tercer informe crítico con el urbanismo valenciano.


Máximo Revilla, alcalde de Parcent, un municipio alicantino de un millar de habitantes, pidió el apoyo de la Eurocámara para paralizar los planes aprobados por el anterior gobierno municipal y el Gobierno de la Comunidad Valenciana, del Partido Popular. Uno solo de estos Planes de Actuación Integrada prevé la construcción de 1.496 viviendas. Revilla, que accedió a la alcaldía tras encabezar una agrupación de afectados, manifestó el derecho de los ciudadanos a "establecer el ritmo de construcción y desarrollo en el municipio y que no sea acordado por los intereses económicos de unos urbanizadores".


El ejemplo de Parcent, en donde los planes urbanísticos se aprobaron sin el informe de impacto ambiental pertinente y sin tener en cuenta los recursos hídricos necesarios, es paradigmático de la situación de muchas localidades del territorio valenciano. Los afectados cifraron en más de 120.000 el número de posibles perjudicados, muchos de los cuales son ciudadanos británicos. Otros planes que fueron objeto de debate ayer en Bruselas afectan a las poblaciones de Catral, Rojales, Monòver, Riba-roja y Alzira.


El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein fue especialmente crítico con el Gobierno de la Generalitat valenciana por considerar que actuaba "con un gran falta de lealtad con la Unión Europea, por seguir aplicando normas inseguras por estar pendientes de un proceso judicial". Hammerstein recordó que las irregularidades afectan también al Instituto Valenciano de la Vivienda.


En este sentido, los eurodiputados socialistas valencianos Maruja Sornosa y Vicent Garcés pidieron la elaboración de una nueva ley de urbanismo. Garcés recordó que "además de los avisos de la Comisión Europea y las denuncias que llegan a la Eurocámara es una evidencia que la ley actual está vulnerando los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y supone una amenaza para el desarrollo sostenible".


El diputado del Partido Popular José Manuel García-Margallo defendió que era preciso deslindar las competencias de cada Administración y que la Unión Europea no tiene competencia universal sobre los derechos humanos y, "en relación con el derecho de propiedad, corresponde al Gobierno de la nación".


Raül Romeva, de Los Verdes, precisó: "Todos compartimos el principio de subsidiariedad, lo cual no significa que las autoridades locales puedan renunciar a las leyes europeas".


La representante de la Generalitat, la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, afirmó que la LUV cumple demandas realizadas por el Parlamento Europeo en anteriores resoluciones. Ureña propuso al alcalde de Parcent que retirara las acciones presentadas como una manera de facilitar la solución del conflicto. Le replicó la diputada socialista Maruja Sornosa, señalando que era una propuesta inaceptable porque suponía trasladar la responsabilidad de lo ocurrido al Ayuntamiento.


La intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se aclaren los casos de abuso. "En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria", pidió.



lunes, 7 de abril de 2008

Yo acuso

A aquellos que permiten los abusos de los especuladores urbanísticos
estén donde estén
a los que confunden desarrollo económico
con destrucción de la naturaleza y del tejido social
a los que hacen del corto plazo su dogma
olvidando que la tierra y las personas
han de sobrevivir
más allá del ávaro inmediato interés de unos pocos



Anónimo