miércoles, 9 de abril de 2008

Parlamentarios europeos reclaman un parón urbanístico en plena crisis inmobiliaria




La Eurocámara pospone la decisión de elaborar un nuevo informe sobre posibles abusos en la Comunitat


Los eurodiputados británicos Michael Cashman (laborista) y Neil Parish (conservador), junto al español David Hammerstein (Los Verdes), reclamaron ayer al Gobierno español que imponga una moratoria urbanística en la Comunitat que afecte tanto a la construcción como a las demoliciones de viviendas.

La propuesta, formulada en plena crisis inmobiliaria y con una fuerte ralentización de la construcción que está dañando la economía de la Comunitat, fue reiterada por Michael Cashman durante su intervención en la reunión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara que se celebró ayer por la tarde.

Para Cashman, vicepresidente de la comisión, el Ejecutivo central debe actuar ante lo que consideró inacción de los gobiernos locales y regionales, ya que es “el Reino de España el que ha firmado los tratados de la UE”.

David Hammerstein acusó a la Generalitat Valenciana de incurrir en una “colosal falta de lealtad hacia la Unión” al seguir aplicando la legislación pese a la denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) presentada por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Hammerstein denunció que además se están incumpliendo normas medioambientales o sobre espacios protegidos.

La comisión del Parlamento Europeo escuchó ayer unas 40 quejas sobre posibles abusos urbanísticos. Cerca de una veintena de afectados, entre ellos vecinos de Parcent, Catral o Castellón, se desplazaron hasta Bruselas para hacer patente su descontento durante una intervención de dos minutos. Entre los planes urbanísticos que se abordaron se encontraban los de Parcent, Monóvar, Porchinos en Riba-roja o Catarroja.
El representante de la asociación de Abusos Urbanísticos No, Enric Climent, apoyó la moratoria y pidió a la Generalitat que aproveche el parón para abrir un debate con participación ciudadana que reforme la legislación.

Tras un debate de más de dos horas, la comisión se cerró sin acuerdo. La decisión de elaborar o no un nuevo informe sobre el urbanismo en la Comunitat se pospuso hasta el próximo 26 de mayo. En esa fecha habrá una reunión con los coordinadores de la comisión de Peticiones. Si finalmente aprueban en ella el estudio, sus resultados se trasladarán al pleno de la Eurocámara.
Fuentes parlamentarias indicaron que la comisión decidirá sin duda realizar el nuevo informe, aunque el eurodiputado del PP Carlos Iturgaitz señaló a LAS PROVINCIAS que no se había aprobado nada.

En el caso de que se decida la redacción de un nuevo informe, será el quinto contra el urbanismo de la Comunitat. El europarlamentario del PP Carlos Iturgaitz mostró ayer a LAS PROVINCIAS su desconcierto por la situación vivida ayer en la comisión de Peticiones, “donde algunos peticionarios se limitaron a insultar a España y a la Comunitat”. Iturgaitz intervino durante la sesión que si alguien tenía pruebas sobre la comisión de posibles delitos que las presentara o en caso contrario que se callara.

La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, reiteró que la LUV cumple las demandas realizadas por la Unión Europea y reiteró el interés de la Generalitat por cumplir la legislación europea. Ureña recordó que en el nuevo cuerpo legal se ha procurado mejorar los derechos de los particulares, aumentando la transparencia para elegir al agente urbanizador así como dar una mayor publicidad a todo el proceso.

La intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunitat hasta que se resuelvan los posibles abusos urbanísticos. “En tanto no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunitat en 2009 se coloquen en reserva presupuestaria”, indicó. Además, acusó a la representante de la Generalitat de “tomar el pelo” a los eurodiputados y desaconsejó cualquier inversión en territorio valenciano.

Los eurodiputados británicos Neil Parish y Robert Atkins aseguraron que la situación no puede continuar. “Es inaceptable que la gente pierda su propiedad y el dinero de sus ahorros”, explicó Atkins. El parlamentario inglés no adscrito Roger Helmer dijo que en la Comunitat se practica “el robo institucionalizado”.

El eurodiputado popular José Manuel García Margallo indicó que no estaba dispuesto a escuchar que España “es una república bananera cuando las leyes se pueden recurrir”.

Los socialistas valencianos Maruja Sornosa y Vicent Garcés criticaron la actuación de la Generalitat y apoyaron a los denunciantes. Sornosa, en concreto, pidió que se investiguen todas las quejas.

La Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo al considerar que la LUV incumple las la legislación europea en materia de contratación pública. La Comisión Europea mantiene así su oposición a la nueva legislación urbanística valenciana.

La denuncia nada tiene que ver con las denuncias sobre posibles abusos urbanísticos. Se basa en que la Comisión del Mercado Interior considera que los contratos para urbanizar un terreno tienen un carácter público por lo que si superan los 5,6 millones de euros tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por el contrario, desde la Generalitat consideran que son contratos privados y no deben cumplir este requisito.

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